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Defensa Jurídica

17/04/2017

LEY 17/2001, de 7 de diciembre, DE MARCAS DE 2001

  1. Reforzamiento de la marca notoria y renombrada.

Se introduce en la Ley el concepto de marca notoria y renombrada (artículo 8, apartados 2 y 3).

Se permite la formalización de oposiciones al titular de la marca notoria conocida en España y no registrada (artículo 6.2.d)), así como acciones judiciales contra los infractores (artículo 34.5).

Se amplía el ámbito de protección de la marca y nombre comercial notorios y renombrados registrados, extendiendo su virtualidad obstaculizadora con respecto de solicitudes de registro posteriores impidiéndose el acceso al registro de éstas en ámbitos mercantiles más extensos que aquellos en los que se encuentran inscritos los registros prioritarios y reforzándose su protección en vía judicial (artículo 8, apartados 2 y 3; artículo 34.2.c.).

  1. Inclusión, entre otras medidas, de la prohibición a terceros de la utilización de la marca registrada, sin consentimiento de su titular, en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3.e.).
  2. Reforzamiento de la acción indemnizatoria por infracción del derecho de marca o nombre comercial.

Se definen los supuestos de responsabilidad objetiva (artículo 42.1). Se establecen con claridad los elementos para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios (artículo 43), incluyéndose para la fijación de la indemnización la consideración de la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número de licencias concedidas en el momento en que se produjo la infracción (art. 43.3).

Se establece la indemnización coercitiva (artículo 44), previéndose que cuando se condene a la cesación de los actos de infracción de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción, fijándose este importe y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar en período de ejecución de sentencia.

El titular de la marca cuya infracción haya sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores (artículo 43.5).

  1. Reforzamiento de medidas contra el infractor.

Se prevé la posibilidad de reclamar de los Tribunales la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción y en particular que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la infracción del derecho de marca (artículo 41.1.c.).

Se regula la posible destrucción o cesión con fines humanitario, si fuera posible, a elección del titular del derecho infringido y a costa del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que están en posesión del infractor (artículo 41.1.d.).

  1. Ampliación de los supuestos de competencia territorial de los órganos jurisdiccionales.

Se añadió a los supuestos anteriormente recogidos en el artículo 125 de la anterior ley de patentes, Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes uno nuevo, declarándose que también será competente, a elección del demandante, el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos (Disposición Adicional Tercera). Dicho precepto se recoge íntegramente en la redacción del artículo 118 de la actual Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

La Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 entró en vigor el 31 de julio de 2002, sin embargo, los preceptos incluidos en el Título V (artículos 34 al 50, inclusive), entre otros, entraron en vigor al día siguiente de la publicación de esta Ley en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el día 9 de diciembre de 2001 (Disposición Final Tercera).

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